Colombia se ha caracterizado por contar con una cantidad de abogados quizás excesiva. Esto ha causado enredos institucionales, al tiempo que ha servido para controlar los poderes públicos. También ha originado abusos y corrupción, pero ha permitido la protección jurídica de los derechos. Sin duda, los profesionales del derecho (jueces, notarios, litigantes, funcionarios del Estado) han tenido una visibilidad y una importancia histórica extraordinarias entre los colombianos. No obstante, el número de abogados contrasta con la precaria educación que reciben muchos, el desinterés del Estado por regular su formación y el ejercicio profesional, sumado a la alarmante cifra de escándalos en los que se han visto envueltos. ¿Cómo explicar esa contradicción? La investigación que recoge este libro pone de relieve factores que contribuyen a esta crisis como lo son, entre otros, la sobreoferta de programas de formación, los bajos estándares éticos que tienen quienes ejercen el derecho y el clientelismo que caracteriza algunas instancias ocupadas por juristas. Con ello, este documento busca aportar bases firmes y objetivas para el debate sobre la inminente reforma que requiere el sistema judicial colombiano y que se ha aplazado varias veces.