[ES] La presente monografía tiene como fin analizar la figura del derecho de desistimiento del consumidor, con especial referencia en materia de contratación electrónica, tanto a nivel comunitario como nacional. Para lo cual, se divide en cuatro capítulos, en el primero se describe como se encuentra regulada la protección del consumidor en la Unión Europea y España. En el segundo capítulo, hacemos la distinción entre los que es derecho de desistimiento y otras formas de ineficacia contractual, por ejemplo, la nulidad, anulabilidad, entre otras. Asimismo, brindamos un concepto de lo que debe entenderse por derecho de desistimiento del consumidor, el cual encaja perfectamente a nivel europeo y nacional. En el tercer capítulo se aborda la perfección y ejecución del contrato electrónico como modalidad de la contratación a distancia. En el capítulo IV, explicaremos el régimen jurídico del derecho de desistimiento en el marco de la contratación electrónica, el cual en la legislación actual se ha uniformado por medio de la Ley 3/2014, de 27 de marzo, por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. Una vez descrito el panorama de nuestro estudio, trataremos de responder a los siguientes interrogantes: ¿Qué es el derecho de desistimiento del consumidor? ¿En qué consiste? ¿Cuál es su importancia práctica y su régimen jurídico, en particular, en el marco de la contratación electrónica? Y ¿Qué ha significado en el marco del Derecho de Consumo?

[EN] This paper aims to analyze the figure of the right of withdrawal of the consumer, with particular emphasis on electronic contracting, both Community and national level. For which, is divided into four chapters, in the first described as regulated consumer protection in the European Union and Spain. In the second chapter, we distinguish between those who are right of withdrawal and other forms of contractual ineffectiveness, for example, nullity, annullable, inter alia. Also, we provide a concept of what is meant by right of withdrawal of the consumer, which fits perfectly at European and national level. In the third chapter is approached perfection and execution of contract electronic as a form of distance contracting. In Chapter IV, explain the legal regime of the right of withdrawal in the context of eProcurement, which in the current legislation is uniformed by the Law 3/2014 of 27 of March, by amending of the General Law for the Protection of Consumers and Users and other complementary laws. Having described the landscape of our study, try to answer the following questions: What is the right of withdrawal of the consumer? What is? What is its practical importance, their legal status, particularly in the context of e-procurement? And, What has meaning in the context of consumer law?

La ética ha de impregnar todas las decisiones de directivos y personal con mando -ya que siempre afectan a alguien- y formar parte consustancial de la cultura de empresa. Los principios éticos realistas y objetivos deben comprometer y orientar el desarrollo y la búsqueda de la excelencia humana, y también de las organizaciones. No se trata solo de actuar bien procurando no perjudicar a nadie, sino también de demostrarlo. Definir claramente junto a la "misión" y "visión" de la empresa los principios y los códigos de actuación para que todo el mundo entienda claramente lo que se exige y lo que hay que evitar es la mejor manera de empezar a materializar tal compromiso. Hay que tener en cuenta que la ética en el trabajo está en la esencia de la acción preventiva de los riesgos laborales. Viéndolo desde esta perspectiva, se podrá entender y desarrollar con mayor facilidad la prevención y la mejora de las condiciones de trabajo. Pero la empresa debe ser ética también en sus relaciones con el resto de los grupos de interés con los que se relaciona: clientes, proveedores y sociedad. La información y transparencia permitirá actuar en coherencia y que se autocontrolen los compromisos adquiridos.Por ello, las relaciones con los trabajadores habrían de ser prioritarias y se deberían asegurar unas condiciones de trabajo seguras y saludables. Las condiciones de trabajo son el conjunto de variables que determinan la calidad de vida laboral. Pueden ser factor de riesgo y generar daños laborales de todo tipo, pero también pueden y deben contribuir al bienestar y a la salud de las personas y organizaciones. El cumplimiento de la reglamentación vigente es un primer paso esencial, pero que no debiera limitarse a mínimos. La prevención de riesgos laborales ha de ser asumida como una obligación, pero también como una oportunidad, como una inversión y no solo como un coste, buscando bajo una concepción empresarial la eficiencia en todas las actuaciones. La experiencia demuestra que lo que se hace por obligación no genera verdadero interés. La satisfacción en el trabajo, como uno de los objetivos de una política acertada, debería ser uno de los resultados que alcanzar, así como el conseguir complementariamente un buen clima laboral. De esta manera, la atención a las condiciones de trabajo se convierte en condición indispensable para la implicación de las personas en los objetivos empresariales. Las personas y con ellas sus condiciones de trabajo están en el corazón de los sistemas de gestión eficaces.

Estamos ante una obra de imprescindible consulta. El tema presenta una relevancia singular, pues, además de situarse en el epicentro de la problemática en torno a la ausencia de la perspectiva de género en la interpretación judicial, Rivas incorpora con audacia y valentía un posicionamiento que, desde el convencimiento, ofrece la propia experiencia y conocimiento profesional. La selección de la casuística que se aporta en la obra ha sido muy bien escogida, tanto en razón a la relevancia como a la trascendencia en la evidencia de la ausencia de perspectiva de género en el centro de los órganos del poder público. La lectura deja un anhelo de que la autora continúe en el estudio y en la visibilización de la voz de las mujeres.
Dra. María Macías JaraProf. Derecho Constitucional,Universidad de Alcalá (Madrid, España)

La televisión en España nace el 28 de octubre de 1956. Desde entonces hasta 2014, el fenómeno televisivo en particular y el audiovisual en su conjunto han experimentado y viven importantes cambios en sus ingresos, en la tecnología para su difusión y en las infraestructuras que le dan soporte. También, como no podía ser ajeno a ello, la legislación del sector audiovisual ha vivido una intensa evolución en paralelo a los cambios sociales, políticos, tecnológicos y económicos de la sociedad española. Una de las señas de identidad que conformaban el marco jurídico del audiovisual español era la dispersión normativa, la inseguridad jurídica. Entre 1980 y 2010, se aprobaron una pléyade de normas que conducían a situaciones de confusión regulatoria. Con la aprobación de la Ley 7/2010, General de la Comunicación Audiovisual, parecía que se entraba en un estadio de madurez, pero la estabilidad duró poco con las modificaciones introducidas en la legislación en 2012. La legislación televisiva sigue los pasos del servicio que presta, cambia temporada a temporada junto con sus audiencias.