En medio del debate nacional sobre el cambio de la Constitución ha surgido con fuerza la noción de tradición constitucional chilena como parámetro de evaluación del proceso, pero los conceptos ligados a esta tradición han sido poco estudiados desde el constitucionalismo nacional y su contenido es objeto de continua controversia. ¿Cuál es el contexto político-cultural que marca los orígenes y forja los pilares fundamentales de una tradición constitucional específica, determinando su rumbo y desarrollo posterior? ¿Cuáles son las peculiaridades de esta tradición, sus valores, principios e instituciones? ¿Qué define la estructura y le da coherencia interna, distinguiéndola de otras tradiciones rivales? ¿Cuáles son, en fin, los mecanismos, instancias y formas a través de los cuales se transmite y evoluciona una tradición constitucional? El destacado académico constitucionalista José Francisco García busca examinar críticamente estas preguntas a la luz de la tradición del pensamiento constitucional construido desde la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, que ha sido uno de los referentes más importantes en la tradición constitucional chilena lo largo del tiempo. En este volumen, el autor examina los aportes a dicha tradición constitucional en el periodo 1889-1967 donde distinguen las figuras de Abdón Cifuentes, José María Cifuentes, Carlos Estévez, y Alejandro Silva Bascuñán.

"Las reflexiones de los miembros de los Servicios Jurídicos de las universidades son siempre del mayor interés y de la mayor utilidad. Su trabajo cotidiano fundamenta y asegura el trabajo de todos los demás miembros de la comunidad universitaria, que debe realizarse siempre dentro del máximo respeto a la ley. Por ello, creo que debemos agradecer su preocupación por mejorar su preparación, su implicación en la mejora de su trabajo, de la que las reuniones periódicas y reiteradas, como la que ha dado lugar al conjunto de trabajos que constituyen el libro, al que estas líneas sirven de prólogo. Para mí es un honor y una satisfacción haber aceptado la invitación de escribirlo. Esta recopilación de trabajos del ""VIII Seminario sobre aspectos jurídicos de la gestión universitaria"" contiene un conjunto de estudios y reflexiones sobre algunos de los temas más relevantes que determinan o han de determinar una parte relevante de las actividades universitarias en áreas de importancia. El tema del urbanismo universitario, por ejemplo, es uno de los temas capitales, sobre todo para las universidades de más reciente creación, como es el caso de la nuestra, y para todas, en cuanto que actualmente las universidades españolas están inmersas en su práctica totalidad, en la construcción y desarrollo de sus parques científicos y/o tecnológicos.

Es innegable que las mafias o criminalidad organizada forman parte de nuestras vidas, pero ignoramos cuáles son sus tramas, su funcionamiento interno y externo, los métodos para el blanqueo de dinero negro y, sobre todo, las consecuencias para la sociedad y el buen ordenamiento jurídico-económico. Las actividades ilícitas que desarrollan van desde el tráfico ilícito de vehículos, de órganos, de personas, de obras de arte hasta la falsificación de tarjetas de crédito, entre otras. Todo esto conduce a otros tipos de delitos conexos, como: ilícitos fiscales, contables, blanqueo de capitales, revelación y descubrimiento de secretos, falsedad en documento mercantiles, manipulación de mercado, concursos fraudulentos, etc. Para evitar la responsabilidad civil y penal utilizan empresas pantalla o interpuestas así como testaferros. Todas sus operaciones están supervisadas por Abogados corruptos y Asesores especializados en campos tan variados como la: seguridad corporativa, economía de opción e ingeniería financiera, etc. El libro se complementa con las fuentes de información que utilizan los miembros de la Administración Pública para averiguar los bienes y derechos, para hacer frente a sus responsabilidades y probar la ilicitud de su origen.

Tribunal Supremo en relación con asuntos o materias de análoga naturaleza a las que, sin embargo, el tamiz jurisdiccional de cada Sala altera su identidad, resultando de ello decisiones jurisprudenciales contradictorias, es un hecho constatable, que obstaculiza ineluctablemente la labor nomofiláctica de nuestro Alto Tribunal. Ante este panorama, nuestro ordenamiento carece de un instrumento válido y eficaz para paliar estas antinomias, pues ni la Sala Especial de Conflictos contemplada en los artículos 42 y siguientes de la LOPJ, ni el empleo masivo de disposiciones legislativas ad hoc de atribución competencial excluyente y exclusiva han podido paliar la cuestión. El objeto de estas páginas es someter a reflexión si en nuestro ordenamiento jurídico-constitucional tiene cabida la universalidad jurisdiccional para el Tribunal Supremo tal y como es concebida para órganos similares en el Derecho Comparado, como instrumento homogenizador de la doctrina casacional y, si fuese así, qué ventajas y qué obstáculos removería tal opción legislativa. Si las costuras de nuestro temo constitucional resisten la universalización material de los órdenes jurisdiccionales en el Tribunal Supremo, debe darse un paso más y sostenerse que cualquier instrumento, mecanismo o sistema jurídico que tenga por objeto la mejora, en su más amplio sentido, de la más alta instancia jurisdiccional de nuestro ordenamiento debe aplicarse desde la exigencia de un presupuesto previo de inexcusable contemplación: depurar rigurosamente el papel constitucional y jurisdiccional del Tribunal Supremo y decidir, con todas sus consecuencias, si se quiere continuar disponiendo de una institución que soporte una litigiosidad inasumible dada su naturaleza de facto de tercera instancia, o bien, se opte por redefinir al Alto Tribunal como un verdadero y genuino tribunal casacional, encargado de la función esencial que el constituyente en el artículo 123 del Texto de 1978 previo para él, que no era otra que unificar la jurisprudencia sobre la interpretación y aplicación de la Leyes como intérprete del ordenamiento jurídico y acrisolador de las posturas doctrinales que lo socavan, eludiendo el mayor peligro al que se enfrenta una Corte Suprema, en general, y el Tribunal Supremo de España, en particular, que no es otro que la expansión incontrolada del mecanismo de la casación.

Este libro propone un análisis general de las relaciones laborales en Francia, en una perspectiva histórica y comparativa. Privilegia el conocimiento de dimensiones concretas y gira en torno a una cuestión central: ¿la producción de reglas constituye el reto fundamental de las relaciones laborales? Esta obra se divide en dos partes. La primera presenta los actores así como las instituciones representativas y paritarias, antes de que unos enfoques históricos introduzcan el examen de las características actuales de estos actores e instituciones. Centrados en el Hexágono, los análisis son puestos en perspectiva comparándolos con situaciones comparables en otros países europeos. Un planteamiento similar es elegido en la segunda parte dedicada a las relaciones entre dichos actores. Después de estudiar algunos momentos importantes de la historia social gala, aborda los conflictos, las negociaciones y las relaciones laborales a nivel europeo. El análisis se concluye con un estudio de la relación que mantienen las relaciones laborales, la creación de empleo y el crecimiento económico.

La Jurisdicción Contencioso-Administrativa es una pieza capital de nuestro Estado de Derecho. Desde que fue instaurada en nuestro suelo por las Leyes de 2 de abril y 6 de julio de 1845, y a lo largo de muchas vicisitudes, ha dado sobrada muestra de sus virtualidades. Sobre todo desde que la Ley de 27 de diciembre de 1956 la dotó de las características que hoy tiene y de las atribuciones imprescindibles para asumir la misión que le corresponde de controlar la legalidad de la actividad administrativa, garantizando los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos frente a las extralimitaciones de la Administración. Las cuatro décadas transcurridas desde que aquella Ley se aprobó han traído consigo numerosos y trascendentales cambios, en el ordenamiento jurídico, en las instituciones político-administrativas y en la sociedad. Estos cambios exigen, para alcanzar los mismos fines institucionales, soluciones necesariamente nuevas, pues, no obstante la versatilidad de buena parte de su articulado, la Ley de 1956 no está ajustada a la evolución del ordenamiento y a las demandas que la sociedad dirige a la Administración de Justicia. Ante todo, hay que tener en cuenta el impacto producido por la Constitución de 1978.  

En las últimas décadas, muchas familias han debido habitar viviendas donde el hacinamiento ha afectado su calidad de vida. Además, han sido desplazadas a periferias carentes de servicios y oportunidades, creando bolsones de pobreza, resentimiento y violencia. En ¿Cómo vamos a vivir juntos?, el arquitecto Alejandro Aravena plantea once casos de diseño participativo, de los cuales se destilan tanto soluciones a problemas urbanos como claves para reescribir las reglas de la vida en común de cara a una nueva Constitución.Este libro, basado en la presentación que Aravena realizó ante el pleno de la Convención Constitucional, propone que crear viviendas dignas y una ciudad justa no solo depende de aspectos técnicos y económicos, sino del involucramiento de quienes las habitarán. «Las personas son parte de la solución, no del problema», escribe.